Los Operadores Invisibles del Poder
Nicolás Mollinedo, Alejandro Esquer Verdugo, Jonathan Navarrete Torres, Jesús Octavio García González, José Antero Rodarte Cordero, los nombres que no aparecen en el organigrama
Lealtad por encima del mérito: personas cercanas al titular reciben puestos o responsabilidades sin que sus capacidades y funciones queden suficientemente explicadas.
En México, el poder no siempre se sienta en el despacho principal ni lleva un cargo que permita identificarlo. A veces conduce el automóvil oficial, organiza la agenda, filtra las visitas o aparece en la nómina con un título menor. Pero si esa persona decide quién llega al jefe, qué asunto se atiende y quién obtiene un contrato, su influencia puede ser mucho mayor que la que anuncia su puesto.
El informe “Los operadores invisibles del poder en México” describe un fenómeno que no debe tratarse como una colección de anécdotas ni como un asunto exclusivo de un partido. Su advertencia es más amplia: en distintas administraciones, la confianza personal ha podido convertirse en una vía para ejercer poder sin asumir, al menos de manera visible, las responsabilidades que lo acompañan.
La lealtad puede ser valiosa en cualquier gobierno. El problema empieza cuando reemplaza al mérito, cuando un cargo carece de funciones claras o cuando una persona con vínculos con proveedores participa —directa o indirectamente— en decisiones sobre contratos públicos. En esas condiciones, la confianza deja de ser una virtud privada y se vuelve un riesgo para el interés público.
El acceso también es poder
El caso de Nicolás “Nico” Mollinedo Bastar ilustra cómo un puesto que parece menor puede abrir una ruta hacia funciones de mayor alcance. Según el informe, comenzó como chofer de Andrés Manuel López Obrador y después ocupó cargos en el Gobierno de la Ciudad de México relacionados con logística y servicios urbanos. También se mencionan investigaciones periodísticas sobre propiedades adquiridas por familiares en Tulum, presuntos vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico y nombramientos de familiares en Tabasco.
Es importante distinguir entre los hechos documentados, los reportajes y las acusaciones: estos señalamientos no equivalen a una condena. El propio informe indica que no había consecuencias judiciales hasta la fecha de corte. Pero esa cautela no borra la pregunta pública: ¿qué controles existen cuando alguien cercano al titular concentra acceso, influencia y funciones relevantes?
El caso de Alejandro Esquer Verdugo plantea una inquietud distinta. De secretario particular de López Obrador pasó a ocupar un escaño en el Senado por la vía de su partido, sin ser elegido directamente en esa posición, según el informe. No se señalan investigaciones judiciales abiertas en su contra. La relevancia del caso, por tanto, no es probar una falta, sino observar cómo el control de la agenda y la cercanía con el poder pueden convertirse en una plataforma de ascenso político.
Cuando los vínculos llegan a los contratos
Las preguntas más delicadas aparecen cuando el círculo de confianza se cruza con las compras del gobierno. El informe señala que Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer oficial en el Instituto Nacional Electoral, también habría sido apoderado legal de Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas que obtuvieron contratos del INE por hasta 198.7 millones de pesos en 2025. Este vínculo habría omitido en su declaración patrimonial.
También menciona a Jesús Octavio García González, exapoderado de Cajas Graf, nombrado director de Administración del INE, un puesto relacionado con compras y contrataciones, y que se apartó del cargo tras los señalamientos. El documento reporta, además, que la Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre los contratos y que la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba a las empresas.
Nada de esto permite declarar culpable a una persona antes de que concluyan las investigaciones. Pero sí justifica exigir explicaciones claras. Cuando alguien vinculado a un proveedor ocupa un puesto desde el que puede influir en las compras de la institución, la transparencia no es un lujo: es una obligación básica.
El informe agrega antecedentes en Sonora y Chihuahua: contratos otorgados a Cajas Graf cuando Guadalupe Taddei encabezaba el organismo electoral estatal y, más tarde, contratos por 33.8 millones de pesos asignados en Chihuahua por una exfuncionaria relacionada con su equipo. La repetición de un proveedor en distintos momentos y oficinas no prueba por sí sola una irregularidad; sí obliga a revisar cómo se tomaron las decisiones y si hubo competencia real.
Señalamientos que aún requieren pruebas
El caso de José Antero Rodarte Cordero debe leerse con especial cuidado. El informe recoge la denuncia del exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, quien afirmó que Rodarte resguardaba dinero en efectivo en una bodega del Estado de México. También señala que la Fiscalía General de la República lo investigaba por presunto manejo de recursos ilícitos vinculados con la administración de Enrique Peña Nieto.
Una declaración de un testigo colaborador y una investigación abierta no son una sentencia. La justicia debe comprobar los hechos y permitir que las personas señaladas se defiendan. Pero la existencia de una denuncia de esa gravedad vuelve indispensable que la autoridad investigue con seriedad y comunique sus resultados.
Un patrón que exige vigilancia
De los casos descritos surge una serie de señales de alerta:
Lealtad por encima del mérito: personas cercanas al titular reciben puestos o responsabilidades sin que sus capacidades y funciones queden suficientemente explicadas.
Cruce entre gobierno y proveedores: representantes o personas vinculadas con empresas terminan en cargos relacionados con las compras de la misma institución.
Puestos poco claros: aparecen títulos y sueldos sin una descripción pública precisa de las tareas y responsabilidades.
Redes familiares: familiares de funcionarios o colaboradores acceden a puestos públicos o a negocios relacionados con el Estado.
Conflictos de interés no declarados: los vínculos económicos que podrían afectar la imparcialidad de una decisión no siempre se hacen visibles.
Supervisión tardía: las auditorías pueden llegar después de que los contratos ya fueron asignados, cuando el dinero y las decisiones ya no son fáciles de revertir.
El mapa de relaciones que propone el informe es inquietante: un titular coloca a una persona de confianza; esa persona controla accesos o influye en decisiones; alrededor de ella pueden aparecer proveedores, recomendados y familiares. No todas esas conexiones demuestran un delito. Pero, cuando se acumulan y no se explican, debilitan la confianza pública y hacen más difícil saber quién decidió qué.
La impunidad no se corrige con sospechas
La conclusión más severa del informe es también la que exige mayor precisión. Sostiene que el fenómeno atraviesa distintas administraciones y partidos, y que muchas investigaciones no han terminado en condenas. Eso no demuestra por sí solo que todas las personas mencionadas sean responsables de delitos. Sí deja al descubierto un problema institucional: investigar tarde, publicar información incompleta y no esclarecer los vínculos entre cargos, contratos y decisiones favorece la impunidad.
La respuesta no puede ser condenar por rumor ni aceptar explicaciones vagas. Se necesitan puestos con funciones públicas y verificables; declaraciones patrimoniales completas; reglas claras para apartarse de decisiones cuando existe un conflicto de interés; licitaciones transparentes; auditorías oportunas y resultados de investigación que puedan ser consultados.
El poder informal no es necesariamente ilegal. Pero, si influye en decisiones públicas, debe estar sujeto a controles públicos. Un cargo pequeño no vuelve pequeña la responsabilidad. Y un organigrama no basta para mostrar quién manda realmente.
Lo que no se ve también debe rendir cuentas. Esa es la exigencia central. No para sustituir a los tribunales ni para dictar culpabilidades desde un artículo, sino para impedir que la cercanía personal se convierta en una puerta trasera al dinero y las decisiones del Estado.
José G. Muñoz
